El estado de California demanda a ICE mediante una acción legal encabezada por el fiscal general Rob Bonta y autoridades del condado de Santa Clara, con el objetivo de bloquear la construcción de un nuevo centro de detención migratoria en el norte del estado. La demanda fue presentada ante un tribunal federal en California.

La acción legal busca frenar un proyecto de infraestructura de ICE en una zona rural cercana a Gilroy. Además, las autoridades estatales argumentan posibles violaciones ambientales y falta de transparencia en el arrendamiento del terreno. En consecuencia, el caso se suma a la creciente tensión entre California y el gobierno federal en materia migratoria.

Santa Clara contra nuevo centro de detención migratoria

El condado de Santa Clara y el estado de California buscan detener la construcción de un centro de detención migratoria operado por ICE. Además, el proyecto contempla instalaciones temporales con capacidad para aproximadamente 150 personas.

Asimismo, las autoridades locales señalan que el proceso de aprobación habría ignorado evaluaciones ambientales obligatorias. En consecuencia, la demanda sostiene que el proyecto viola normativas federales y estatales.

Rob Bonta encabeza la demanda a ICE

El fiscal general Rob Bonta afirmó que el proyecto fue impulsado sin transparencia y con posibles irregularidades administrativas. Además, sostuvo que la comunidad local no fue consultada adecuadamente sobre la instalación del centro de detención migratoria.

De igual forma, la demanda acusa a la administración federal de intentar imponer el proyecto sin cumplir requisitos ambientales. Por lo tanto, el caso se convierte en un nuevo frente legal entre California y el gobierno federal.

El proyecto del centro de detención migratoria en Santa Clara ha generado preocupaciones por riesgos ambientales y sanitarios. Además, el terreno habría sido utilizado previamente para actividades que requieren controles estrictos por posibles contaminantes.

Las autoridades advierten que la instalación podría afectar ecosistemas protegidos y especies en riesgo. En consecuencia, el litigio busca impedir daños ambientales y proteger a las comunidades cercanas.

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