Los centros de detención migratoria en Estados Unidos vuelven a estar bajo escrutinio tras una demanda presentada contra el Campamento East Montana, ubicado en El Paso, Texas. La acción legal, impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), acusa al gobierno estadounidense de mantener a miles de migrantes en condiciones que violan derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Condiciones inhumanas en Campamento East Montana

La demanda fue presentada el 29 de mayo ante la Corte del Distrito Oeste de Texas en representación de cuatro personas detenidas. Según la organización, durante sus 10 meses de operación el Campamento East Montana ha registrado presuntos abusos físicos, acoso sexual, deficiencias médicas, alimentación insuficiente y condiciones de hacinamiento.

El documento sostiene que los detenidos enfrentan retrasos en la entrega de medicamentos esenciales para tratar enfermedades como VIH, tuberculosis, diabetes y cáncer. Además, señala que varias personas permanecen recluidas pese a no cumplir sentencias penales, sino por procedimientos administrativos migratorios.

Una inspección realizada en febrero de 2026 encontró 49 violaciones a los estándares de detención establecidos por el propio ICE, incluidas deficiencias relacionadas con el uso de la fuerza y la atención médica.

El papel de los centros migratorios en la política de Trump

Con capacidad para albergar hasta 5 mil 500 personas, el complejo instalado dentro de la base militar de Fort Bliss es considerado el mayor centro de detención migratoria del país. Forma parte de la estrategia migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, bajo la cual más de 400 mil personas han pasado por instalaciones de este tipo.

De acuerdo con el Consejo de Inmigración de Estados Unidos, el ICE mantiene actualmente unas 73 mil personas detenidas diariamente y ha ampliado su red con más de 100 nuevos centros desde el inicio de la actual administración.

Especialistas en migración consideran que las condiciones reportadas en estos espacios buscan disuadir la llegada de personas en situación irregular. La internacionalista Estefany Carbajal, académica de la UNAM, señaló que estos centros reflejan una política de criminalización de la migración y generan temor entre las comunidades migrantes.

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