Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos emitió un fallo trascendental este viernes por la noche, otorgando un respaldo jurídico a la política de detenciones masivas impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La decisión judicial establece que los inmigrantes sujetos a procesos de deportación pueden ser retenidos bajo la figura de «solicitantes de admisión», lo que anula su derecho a solicitar fianza mientras se procesa su situación legal.

El fallo, celebrado por el mandatario a través de sus plataformas digitales, se basa en la interpretación de un estatuto federal que tradicionalmente se aplicaba a personas recién llegadas al país. No obstante, bajo la nueva directiva de la administración —vigente desde julio—, cualquier individuo sujeto a deportación, incluso aquellos con años de residencia en territorio estadounidense, será clasificado como solicitante de admisión, quedando automáticamente bajo detención obligatoria.

La resolución de la corte fue dividida, reflejando una profunda fractura en la interpretación de la ley. La jueza Edith Jones, designada por la administración Reagan, argumentó que las administraciones anteriores simplemente habían decidido no ejercer su plena autoridad legal, pero que dicha autoridad siempre existió. En contraste, la jueza Dana Douglas, nominada por Joe Biden, emitió una opinión disidente advirtiendo que esta interpretación implicaría que «la frontera ahora está en todas partes», estimando que hasta dos millones de personas podrían ser afectadas.

Este dictamen representa una victoria estratégica para el Ejecutivo en su esfuerzo por acelerar las deportaciones y endurecer el control migratorio. Sin embargo, el panorama legal no es definitivo; debido a que otros tribunales han emitido juicios contradictorios sobre el alcance de este estatuto, se prevé que el caso sea elevado a la Corte Suprema para una resolución final que determine la legalidad de detener indefinidamente a residentes sin el beneficio de una fianza.

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