Corte permite a administración de Trump continuar con deportaciones a terceros países
16/03/2026 - Hace 3 meses en InternacionalCorte permite a administración de Trump continuar con deportaciones a terceros países
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito autorizó de manera provisional a la administración del presidente Donald Trump continuar con la práctica de deportar inmigrantes a países distintos a sus naciones de origen, una política migratoria que ha generado debate jurídico y cuestionamientos internacionales.
El panel judicial tomó la decisión con una votación dividida de dos jueces a favor y uno en contra, bloqueando así un fallo previo del juez federal Brian E. Murphy, de Massachusetts. Dicho fallo ordenaba al gobierno priorizar el retorno de migrantes a sus países de origen y garantizar un aviso previo adecuado antes de enviarlos a otro destino.
La resolución fue emitida mediante una orden breve que no incluyó una explicación detallada sobre los argumentos jurídicos detrás de la decisión, aunque permite mantener vigente la política mientras continúa el litigio.
Contexto legal y principio de no devolución
La estrategia migratoria representa un cambio relevante respecto al principio de no devolución, norma internacional que establece que los gobiernos no deben trasladar personas a lugares donde puedan enfrentar persecución, violencia o tortura.
Este principio forma parte de las leyes migratorias estadounidenses y de acuerdos internacionales ratificados parcialmente por Estados Unidos desde 1994. El juez Murphy había determinado previamente que las autoridades debían proporcionar un “meaningful notice” a los migrantes antes de deportarlos a un país desconocido.
La Corte Suprema ya había intervenido en dos ocasiones dentro del mismo caso. En julio pasado, permitió que ocho hombres que habían sido enviados inicialmente a Yibuti fueran trasladados posteriormente a Sudán del Sur.
Financiamiento y países receptores
Un informe presentado por legisladores demócratas del Senado señala que la administración destinó más de 32 millones de dólares para gestionar acuerdos con terceros países que aceptaran migrantes deportados. Según el documento, alrededor de 300 personas han sido enviadas a naciones como Ruanda, Ghana y Eswatini, mediante convenios financiados con recursos públicos.
Aunque el Primer Circuito —con jurisdicción sobre Nueva Inglaterra y Puerto Rico— suele ser escenario de disputas contra políticas federales, los jueces evitaron detallar las razones específicas que sustentan la orden emitida este lunes, dejando abierta la posibilidad de nuevas impugnaciones legales.
