Más de 13.000 migrantes legales en Estados Unidos recibieron órdenes de deportación a países con los que no tienen vínculos, como Honduras, Ecuador o Uganda, pese a estar a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, reporta Mobile Pathways, organización que impulsa la transparencia en procesos migratorios. Algunos de ellos ya habían escapado de conflictos o persecuciones en sus países de origen.

“El objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente. Eso es lo principal”, afirmó Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center. Los afectados han perdido su derecho a trabajar legalmente y permanecen en un limbo migratorio sin poder defender sus casos ante tribunales.

Casos preocupantes y órdenes aceleradas

En 2024, una mujer guatemalteca víctima de violencia pidió asilo en la frontera con México. En diciembre, un abogado del ICE solicitó su deportación, pero no a Guatemala: debía ser enviada a Ecuador, Honduras o Uganda, países que desconocía.

“Cuando pienso en tener que ir a esos otros países, entro en pánico porque escucho que son violentos y peligrosos”, relató bajo anonimato. Los abogados del ICE recibieron instrucciones para presentar mociones llamadas “pretermissions”, que cancelan casos de asilo y permiten la deportación.

Según Sarah Mehta, de la ACLU, “simplemente están diciendo: ‘Vamos a desestimar este caso por completo y vamos a enviar a esa persona a otro país’”. Tras un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración, estas medidas se aceleraron, aunque menos de 100 deportados han llegado realmente a los destinos asignados.

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que los acuerdos con terceros países son legales y buscan una resolución justa de las solicitudes de asilo, aunque las deportaciones se han visto limitadas por la capacidad aérea y barreras diplomáticas. Según expertos, la política podría cambiar, ya que el gobierno está preparando más vuelos y acuerdos para ampliar la práctica.

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