El gobierno de Donald Trump amplió las medidas contra el sistema de asilo en Estados Unidos y ahora busca investigar a abogados migratorios que presenten solicitudes consideradas fraudulentas por las autoridades. La nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga mayores facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intervenir en este tipo de procesos.

La medida forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración Trump en materia migratoria. Según el DHS, los abogados de inmigración podrán enfrentar acciones legales si las autoridades detectan irregularidades en solicitudes de asilo presentadas ante tribunales migratorios.

DHS amplía facultades de ICE en procesos de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la directiva se basa en el artículo 1324c(d) del Título 8 del Código de Estados Unidos, relacionado con sanciones por fraude migratorio.

De acuerdo con el comunicado oficial, ICE desarrollará nuevas políticas antifraude para detectar posibles inconsistencias en peticiones de asilo. Además, el gobierno estadounidense sostiene que algunos abogados instruyen a migrantes indocumentados para ocultar antecedentes o proporcionar información falsa durante el proceso.

James Percival, asesor jurídico general del DHS, afirmó que durante años millones de personas han abusado del sistema migratorio mediante solicitudes irregulares. También aseguró que históricamente ICE dependía de las decisiones de jueces migratorios, pero ahora podrá intervenir directamente en investigaciones relacionadas con fraude.

Nuevas medidas generan preocupación entre abogados migratorios

La decisión ocurre en medio de más de 500 modificaciones administrativas implementadas por la administración Trump en temas migratorios. Diversos abogados especializados habían señalado previamente que las nuevas reglas limitaban las posibilidades de defensa para sus clientes.

Asimismo, la directiva retoma un memorando firmado por Donald Trump el 22 de marzo de 2025, titulado “Prevención de abusos del sistema jurídico y del tribunal federal”. En ese documento, el presidente acusó a ciertos despachos de facilitar fraudes en solicitudes de asilo.

El DHS también informó cambios relacionados con tarifas migratorias. Entre ellos destaca un nuevo cobro de 100 dólares para algunos trámites vinculados con peticiones de asilo. Sin embargo, parte de esa medida permanece suspendida tras una resolución emitida por un tribunal federal de Maryland.

Mientras la administración Trump endurece su política migratoria, también enfrenta obstáculos legales. A finales de abril, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia calificó como ilegal una orden ejecutiva que impedía solicitar asilo en la frontera.

El tribunal determinó que la proclamación presidencial omitía procedimientos establecidos por el Congreso para analizar solicitudes de protección internacional. Además, los magistrados señalaron que las personas migrantes conservan el derecho de pedir asilo y recibir una evaluación individual de sus casos.

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