Los hospitales y sistemas de salud en Estados Unidos se encuentran en una encrucijada ética y legal tras la decisión de la administración Trump de otorgar a los funcionarios de inmigración acceso a las bases de datos de Medicaid. Esta medida rompe con más de una década de garantías de confidencialidad, obligando a los centros médicos a decidir si informan a sus pacientes que solicitar ayuda para gastos de emergencia podría facilitar su localización por parte del ICE.

Desde 2013, un memorando protegía la información de las solicitudes de cobertura médica para que no fuera usada en actividades de cumplimiento de la ley. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno federal comenzó a canalizar datos entre agencias, permitiendo que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) compartan direcciones y estatus de ciudadanía directamente con el Departamento de Seguridad Nacional.

Este programa es vital para los hospitales, ya que reembolsa los costos de tratamientos de vida o muerte y partos de personas no elegibles para la cobertura estándar. Los expertos advierten sobre consecuencias graves:

Disuasión: El miedo a la deportación podría alejar a madres en trabajo de parto o personas con emergencias críticas de las salas de urgencias.

Hogares en riesgo: El intercambio de datos incluye direcciones particulares, lo que convierte a la solicitud de salud en una hoja de ruta para operativos de detención.

Mecanismo de rastreo: Dado que el Medicaid principal no cubre a personas sin estatus legal, el registro de «Medicaid de Emergencia» se convierte en el filtro más obvio para identificar a esta población.

Un grupo de 22 estados (en su mayoría gobernados por demócratas) demandó para bloquear este acuerdo. En diciembre, un juez federal emitió un fallo dividido:

1. En los 22 estados demandantes: ICE solo puede acceder a datos de personas sin presencia legal. Se prohíbe compartir información de ciudadanos o residentes legales de estos estados.
2. En los otros 28 estados: Las autoridades de deportación tienen acceso total a la información personal de todos los inscritos en Medicaid.

Hasta el momento, la mayoría de las asociaciones hospitalarias se han negado a confirmar si están advirtiendo directamente a los pacientes sobre este riesgo. Sistemas de salud en lugares como Minnesota u Oregón han optado por referir a los pacientes a asesores legales externos, evitando dar consejos directos que puedan disuadir la inscripción o comprometer su posición ante el gobierno federal.

Te puede interesar:

México exporta 127 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl LX