Farah, una joven marroquí de 21 años que buscó asilo en Estados Unidos tras sufrir violencia por su orientación sexual, asegura que fue deportada primero a Camerún y luego devuelta a Marruecos, un país donde la homosexualidad puede castigarse con hasta tres años de prisión.

La joven relató a The Associated Press que su familia y la de su pareja intentaron asesinarla antes de que huyera a otra ciudad. “Es difícil vivir con el miedo de que vuelvan a encontrarme”, afirmó.

Con ayuda de una amiga, la pareja obtuvo visas para viajar a Brasil y cruzó seis países hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos a inicios de 2025, donde solicitó asilo. Sin embargo, Farah permaneció casi un año detenida en centros migratorios de Arizona y Luisiana, bajo condiciones frías y con atención médica deficiente.

Aunque su solicitud fue inicialmente denegada, un juez de inmigración emitió una orden de protección que prohibía su deportación a Marruecos debido al riesgo que enfrentaba.

Deportaciones a terceros países bajo escrutinio

Apenas tres días antes de una audiencia sobre su liberación, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la subieron a un avión rumbo a Camerún, país que nunca había visitado y donde la homosexualidad también es ilegal.

“Allí me preguntaron si quería quedarme, pero no podía arriesgar mi vida”, relató Farah, quien finalmente fue enviada de regreso a Marruecos. Abogados de inmigración sostienen que casos como el de Farah no son aislados.

La abogada Alma David indicó que personas con órdenes de protección han sido enviadas a terceros países en acuerdos migratorios, especialmente durante la administración de Donald Trump.

Expertos legales advierten que deportar a personas protegidas a lugares donde pueden enfrentar persecución viola leyes migratorias estadounidenses y compromisos internacionales. “No solo se vulnera el debido proceso, sino también nuestras propias normas”, señaló David.

Desde la clandestinidad, Farah cuestiona la postura del gobierno estadounidense. “Estados Unidos se basa en la inmigración y la mano de obra inmigrante. No todos somos una amenaza. Lo que me hicieron fue injusto… sufrir tanto para terminar deportada de esta manera es cruel”, afirmó.

El gobierno ha defendido que sus acciones se realizan conforme a la ley cuando un juez determina que un inmigrante no tiene derecho a permanecer en el país.

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