Un juez federal en Boston, Massachusetts, declaró ilegal la política impulsada por el presidente Donald Trump que permite la deportación acelerada de migrantes a terceros países, es decir, naciones distintas a las de su origen, sin que se les garantice una oportunidad adecuada para expresar posibles temores de persecución o tortura.

El fallo fue emitido por el juez de distrito Brian Murphy, quien determinó que la directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vulnera derechos procesales fundamentales. En su resolución definitiva, el juzgador ordenó dejar sin efecto la política al considerar que no cumple con las garantías mínimas para las personas sujetas a expulsión.

No obstante, el juez —nombrado por el ex presidente Joe Biden— suspendió la aplicación de su decisión durante 15 días, con el argumento de que el Gobierno debe tener margen para presentar una apelación, dada la “importancia” y la “historia inusual” del litigio.

El caso ya ha llegado previamente a la Suprema Corte de Estados Unidos, que intervino en dos ocasiones. En abril, el máximo tribunal levantó una orden preliminar que protegía a migrantes frente a deportaciones a terceros países. Posteriormente, permitió que ocho hombres fueran enviados a Sudán del Sur, uno de los destinos contemplados dentro de la política cuestionada.

Mientras estuvo vigente la orden judicial preliminar, la administración enfrentó obstáculos para trasladar migrantes a países distintos de sus lugares de origen, entre ellos Sudán del Sur, Libia y El Salvador. La práctica de deportaciones a terceros países ha sido objeto de debate jurídico y político en Estados Unidos, particularmente en lo relativo al cumplimiento de estándares internacionales contra la tortura y la persecución.

Se prevé que el litigio continúe en instancias superiores y que eventualmente sea resuelto de manera definitiva por la Suprema Corte, dada su trascendencia en la política migratoria del país.

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