Una jueza federal ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) moderar sus operativos durante las protestas en Mineápolis, Minnesota, y abstenerse de detener a manifestantes pacíficos, en medio de una creciente tensión social tras la muerte de Renee Nicole Good, ocurrida durante un operativo migratorio.

La jueza Katherine Menendez emitió el fallo el viernes, instruyendo a los agentes del ICE a reducir el uso de tácticas consideradas agresivas. Entre las medidas establecidas, prohibió la detención de personas que participen en protestas desde vehículos que no obstruyan el trabajo de las autoridades, así como el uso de gas pimienta contra manifestantes no violentos.

Además, otorgó un plazo de 72 horas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —del cual depende el ICE— para cumplir con la resolución judicial.

Las protestas en Mineápolis se intensificaron tras el incidente del 7 de enero, cuando un agente del ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, hecho que detonó manifestaciones masivas contra las redadas migratorias. Dos días después, la tensión aumentó luego de que un agente federal hiriera de bala a un ciudadano venezolano, también en la ciudad.

Las movilizaciones han sido consideradas entre las más significativas a nivel nacional en rechazo a la política migratoria del gobierno federal. El enfrentamiento entre civiles y fuerzas federales llevó al presidente Donald Trump a plantear la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, postura que posteriormente matizó, aunque reiteró su respaldo a los agentes del ICE.

Desde la Casa Blanca, Trump acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, de contribuir al clima de violencia, al tiempo que calificó a algunos participantes de las protestas como “alborotadores”. Ambos funcionarios han sostenido públicamente que apoyan el derecho a la manifestación pacífica y han llamado a evitar confrontaciones.

De acuerdo con un reporte de CBS, tanto Walz como Frey son objeto de una investigación del Departamento de Justicia, bajo el argumento de presuntamente obstaculizar el trabajo de las autoridades federales. Los dos han rechazado estas acusaciones y han denunciado actos de intimidación por parte de la administración federal.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un mensaje en redes sociales en el que subrayó que “nadie está por encima de la ley”, en referencia a los disturbios registrados durante las protestas.

La orden judicial marca un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de la fuerza, el derecho a la protesta y la aplicación de la política migratoria en Estados Unidos.

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