La administración del presidente Donald Trump enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes tras el tiroteo fatal de Alex Pretti, un ciudadano de 37 años, a manos de un agente federal en Minneapolis. El incidente, que guarda paralelismos con la muerte de Renee Nicole Good hace menos de tres semanas, ha intensificado el escrutinio sobre las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ha comenzado a fracturar la base de apoyo del mandatario.

Narrativas en conflicto

Al igual que en casos anteriores, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y asesores de la Casa Blanca como Stephen Miller defendieron de inmediato el uso de la fuerza, calificando a Pretti de «homicida» con intención de «masacrar a las fuerzas del orden». Sin embargo, la evidencia preliminar cuenta una historia distinta:

El factor de las armas: Aunque Pretti estaba armado legalmente, el jefe de policía de Minneapolis informó que los videos muestran a un agente despojándolo de su arma poco antes del disparo mortal.

Falta de cooperación: La Oficina de Detención Criminal de Minnesota denunció que el DHS ha intentado obstruir la investigación estatal y el acceso de la policía local a la escena del crimen.

El desplome del apoyo en las encuestas

El temor de la Casa Blanca a perder el control del tema migratorio parece estar respaldado por datos. Según encuestas la percepción de que ICE es «demasiado duro» ha escalado del 53% en octubre al 61% en enero de 2026.

Independientes: 7 de cada 10 consideran que la agencia ha ido demasiado lejos.

Republicanos: El descontento ha alcanzado al 20% de la base oficialista, un margen inusual para el tema insignia de Trump.

Un frente opositor inesperado

La crisis ha generado críticas desde sectores tradicionalmente aliados. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) expresó su rechazo a la criminalización de Pretti por el simple hecho de portar un arma legal, advirtiendo contra la «demonización de ciudadanos respetuosos de la ley». Asimismo, legisladores republicanos han comenzado a solicitar audiencias en la Cámara para revisar la falta de órdenes judiciales en entradas a hogares y la detención de menores de edad.

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