La frontera entre México y Estados Unidos suma un nuevo elemento a su infraestructura de control migratorio: un tramo de muro metálico conocido como el “muro negro”, cuya principal característica es su acabado mate diseñado para absorber el calor solar y dificultar que sea escalado.

La estructura, ubicada en la zona de Santa Teresa —entre Ciudad Juárez y Nuevo México—, forma parte de un proyecto de seguridad impulsado durante la administración del expresidente Donald Trump, con una inversión estimada de 4 mil 500 millones de dólares para reforzar distintos puntos de la frontera.

El plan, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), contempla la construcción de alrededor de 230 millas de barrera, de las cuales aproximadamente 110 kilómetros se ubican entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, una de las zonas con mayor flujo migratorio.

El muro alcanza hasta nueve metros de altura y, en algunos tramos, se construye frente a una valla ya existente, creando una doble barrera física. Además, el proyecto incorpora sistemas de vigilancia como cámaras, sensores y detectores de movimiento, en lo que autoridades han denominado un esquema de “muro inteligente”.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que trabajadores mexicanos participan en su construcción, ya sea cruzando diariamente desde Ciudad Juárez o residiendo en la zona fronteriza. Las labores incluyen excavación, cimentación y colocación de las estructuras metálicas.

En paralelo, especialistas y actores sociales cuestionan la efectividad de este tipo de medidas. El sacerdote Javier Calvillo señaló que, a lo largo del tiempo, las estrategias de endurecimiento fronterizo —incluyendo barreras físicas y programas restrictivos— han tenido resultados limitados para frenar la migración.

El religioso planteó que aumentar la dificultad del cruce puede empujar a las personas a buscar alternativas más complejas sin eliminar el fenómeno. En ese sentido, recordó que Ciudad Juárez ha enfrentado episodios de alta concentración migratoria, con miles de personas esperando en los puentes internacionales.

También hizo referencia a políticas como el Título 42 y el programa Quédate en México, que durante su aplicación obligaron a migrantes a permanecer en ciudades fronterizas o a intentar cruces por rutas más peligrosas.

Si bien reconoció el derecho de los países a proteger sus fronteras, subrayó que también debe considerarse la búsqueda de mejores condiciones de vida como un factor persistente. En su evaluación, el incremento de barreras físicas como el “muro negro” podría elevar los riesgos para quienes intentan cruzar, sin resolver las causas estructurales de la migración.

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