El uso de camiones de carga para el tráfico de personas en México ha alcanzado niveles críticos, consolidándose como un negocio transnacional que opera con una eficacia logística que contrasta con la ineficacia judicial del Estado. Según datos recabados entre 2018 y el inicio de 2026, se ha documentado el traslado de casi 19,000 personas hacinadas en contenedores, una modalidad que ha dejado un saldo de al menos 111 muertos por asfixia, golpes de calor y accidentes masivos.

La persistencia de este método mortal en 2026 se explica, en parte, por las políticas de contención implementadas bajo presión externa, que han cerrado rutas convencionales y forzado a los migrantes hacia «transportes invisibles». Lo que anteriormente era un mercado de «coyotes» locales, hoy es una estructura controlada por cárteles como el del Golfo, Los Zetas y Sinaloa, quienes reclutan choferes bajo amenazas y cobran hasta 10,000 dólares por pasajero, convirtiendo la tragedia humanitaria en un negocio de miles de millones de dólares anuales.

Justicia Estancada

A pesar de la magnitud del fenómeno, el sistema judicial mexicano reporta resultados marginales. En diez años, solo se han registrado 35 condenas por tráfico de personas en juzgados de distrito. En estados clave como Chiapas y Nuevo León, las investigaciones federales son prácticamente inexistentes, lo que permite que las redes criminales operen bajo un esquema de riesgo legal mínimo. El reporte concluye que, mientras la política migratoria priorice la contención sobre la seguridad humana, las carreteras federales seguirán siendo escenarios de alto riesgo mortal.

Logística del Hacinamiento

Capacidad: Grupos de 50 a 170 personas por unidad.

Tiempo de Traslado: Hasta 15 horas sin paradas, ventilación ni alimentos.

Rutas Críticas: Carreteras federales 180, 145, 150 y 190.

Origen de Flujos: Incremento notable de personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

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