Diana Mogollón llegó a un centro de detención en abril de 2026, un espacio abarrotado con luces encendidas las 24 horas, donde mujeres migrantes compartían colchones en condiciones precarias.

Entre ellas estaba María José Carpio, de 20 años, embarazada de siete meses, que sufría náuseas, mareos y hambre constante. “Nos daba pena verla quedar con hambre”, relata Mogollón. La joven no podía recibir apoyo económico de su familia, y los alimentos del centro eran insuficientes.

Hacinamiento y condiciones médicas precarias

Carpio había llegado a Estados Unidos desde Cuenca, Ecuador, hace seis años. Tras un periodo de estabilidad en Queens, regresó a su país natal por temor a la ola de deportaciones iniciada por la administración de Donald Trump.

En abril de 2026 intentó regresar a EE. UU., pero fue detenida al cruzar la frontera desde Juárez, trasladada a un hospital para revisión y luego al centro de detención donde permaneció 17 días. Durante ese tiempo, Carpio experimentó dolor físico, anemia y deficiencia de atención médica.

Solo recibió vitaminas prenatales y hierro al final de su detención. El hacinamiento y la falta de higiene complicaban la vida de todas las detenidas: duchas cada cinco días e infecciones como piojos. Finalmente, fue deportada a Ecuador con 31 semanas de embarazo.

Riesgos para la salud y la gestación

Las denuncias sobre las condiciones en los centros de ICE son recurrentes: embarazos desatendidos, abortos espontáneos sin atención médica, separación de bebés lactantes y violencia ejercida por funcionarios. Según la Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC), “una de cada cinco mujeres embarazadas afirma que la actividad del ICE les ha impedido buscar atención prenatal”.

Lupe M. Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, confirma el impacto en la salud física y mental de las mujeres. Midi, otra detenida, narró la separación de madres lactantes y la atención insuficiente durante embarazos de alto riesgo.

Mientras que la ginecóloga Josephine Urbina advierte sobre riesgos de aborto espontáneo, parto prematuro y coágulos sanguíneos. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 16 abortos en custodia del ICE, según el DHS.

Abogadas y defensoras de migrantes denuncian incumplimiento de las directivas del ICE sobre atención prenatal y prevención de separación familiar. La Ley Orlin, propuesta en honor a un menor fallecido tras la deportación de su madre, busca prohibir estas separaciones. Otras iniciativas buscan proteger a mujeres de agresiones y violaciones en custodia.

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