Una madre inmigrante en Estados Unidos enfrenta una situación de profunda incertidumbre luego de recibir una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que le exige el pago de una deuda superior al millón de dólares, derivada de una antigua orden de deportación no cumplida.

La mujer, quien decidió mantener el anonimato, relató que su caso migratorio comenzó en 2008, cuando intentó regularizar su estancia en el país mediante un proceso legal de asilo. Tras recibir inicialmente un permiso de trabajo temporal, un juez migratorio rechazó su solicitud y le otorgó una salida voluntaria, mecanismo que permite abandonar el país dentro de un plazo específico para evitar una deportación formal.

Sin embargo, al no abandonar territorio estadounidense, su expediente evolucionó hacia una orden final de deportación.

Endurecimiento de sanciones migratorias

Desde junio de 2025, el DHS ha intensificado la aplicación de multas civiles contra personas que incumplen órdenes migratorias definitivas, imponiendo sanciones de hasta 998 dólares diarios.

Bajo este esquema, las deudas pueden crecer rápidamente:

1. Más de 364 mil dólares en un año
2. Más de 1.8 millones en cinco años

Este endurecimiento forma parte de una estrategia federal para presionar el cumplimiento de órdenes de salida pendientes y ha generado miles de notificaciones de cobro en todo el país.

Impacto familiar y patrimonial

La afectada asegura que vive con temor constante a ser detenida y deportada, mientras intenta proteger a sus hijos y patrimonio.

Entre sus acciones, transfirió su vivienda a nombre de su hija, aunque especialistas advierten que este tipo de movimientos no necesariamente blindan los activos frente a procesos de cobro.

La abogada migratoria Bethania María explicó que agencias de cobranza y tribunales pueden rastrear transferencias patrimoniales y revertirlas si consideran que fueron realizadas para evadir obligaciones financieras.

Consecuencias posibles

Además de la deuda, las sanciones pueden derivar en:

1. Embargos
2. Gravámenes sobre propiedades
3. Retención de devoluciones fiscales
4. Afectaciones severas al historial crediticio

Deuda y deportación: procesos independientes

Expertos subrayan que pagar la multa no elimina la orden de deportación, ya que los procedimientos financieros y migratorios operan por separado.

Esto significa que una persona puede liquidar una deuda y, aun así, seguir enfrentando expulsión del país.

El caso refleja el impacto de políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, donde miles de inmigrantes con procesos antiguos podrían enfrentar sanciones económicas significativas además de consecuencias legales.

En medio de reformas y presiones políticas sobre migración, organizaciones defensoras han advertido que estas medidas podrían agravar la vulnerabilidad financiera y social de familias migrantes de largo arraigo.

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