Organizaciones dedicadas a la defensa legal de menores inmigrantes no acompañados denunciaron que agentes federales realizaron visitas sin previo aviso a sus oficinas en el área de Washington D.C., en lo que calificaron como un intento de intimidación contra quienes representan a niños migrantes dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND), agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) acudieron a sus instalaciones durante las últimas 48 horas para solicitar acceso a registros y documentación relacionada con menores beneficiarios de sus servicios.

Las organizaciones señalaron que los funcionarios federales no presentaron órdenes judiciales ni autorizaciones legales, por lo que se les negó el acceso a cualquier tipo de información confidencial.

Acusan abuso de poder y presión contra defensores

Los grupos afectados sostienen que estas acciones forman parte de una nueva escalada en las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

“Esto es un flagrante abuso de poder para intentar intimidar a los defensores de los derechos de la infancia”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.

Lukens destacó que los menores inmigrantes tienen derecho al debido proceso y a contar con representación legal, independientemente de su situación migratoria. Por su parte, Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de Ayuda, aseguró que este tipo de operativos generan preocupación entre las familias inmigrantes.

Crece la tensión por la política migratoria

Las organizaciones recordaron que sus programas cuentan con financiamiento del Congreso desde hace más de 15 años y tienen como objetivo garantizar asistencia legal a menores inmigrantes no acompañados.

Wendy Young, presidenta de KIND, señaló que los abogados ayudan a los menores a comparecer ante tribunales migratorios y a protegerse de riesgos como la trata de personas, la explotación y el abuso.

El caso ocurre en medio de una política migratoria más estricta durante el segundo mandato de Trump. Las organizaciones consideran que estas visitas forman parte de una estrategia para debilitar la red de asistencia legal que brinda apoyo a algunos de los menores más vulnerables dentro del sistema migratorio estadounidense.

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