Un análisis de datos gubernamentales realizado por ABC News concluyó que apenas el 3% de las personas detenidas por ICE durante los primeros 14 meses del segundo mandato de Donald Trump tenía antecedentes por delitos violentos en Estados Unidos. Los resultados contrastan con el discurso de la administración federal, que ha defendido su política migratoria bajo la premisa de enfocarse en los criminales más peligrosos.

La investigación utilizó información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública, además de registros proporcionados por ICE al Deportation Data Project y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.

Más de 438 mil inmigrantes fueron detenidos

De acuerdo con los datos analizados, entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026 fueron arrestadas 438 mil 537 personas por autoridades migratorias. De ese total, únicamente 13 mil 18 tenían antecedentes por delitos considerados violentos, entre ellos homicidio, agresión sexual, robo y asalto.

El estudio destaca que la gran mayoría de los inmigrantes detenidos no contaba con historial relacionado con este tipo de delitos. Asimismo, señala que el aumento de las detenciones no se ha traducido en una mayor proporción de personas con antecedentes criminales graves.

Actualmente, la población bajo custodia migratoria federal ronda las 60 mil personas, una cifra que representa un récord histórico y supera los niveles registrados durante la administración de Joe Biden.

Deportaciones impactan a miles de familias

El informe también documenta el impacto de las deportaciones en familias con estatus migratorio mixto. Durante los primeros ocho meses de 2025, ICE detuvo a padres de aproximadamente 14 mil 450 niños nacidos en Estados Unidos. Más de 7 mil de ellos fueron posteriormente deportados.

Además, fueron arrestados 4 mil 843 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y más de 2 mil terminaron expulsados del país. Organizaciones defensoras de migrantes advirtieron que estas medidas podrían generar consecuencias sociales de largo plazo para miles de familias.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las conclusiones del análisis y sostuvo que la administración de Donald Trump continúa enfocando sus esfuerzos en la detención y expulsión de personas con antecedentes criminales.

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