El fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, advirtió que podría ordenar el arresto de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que incurran en conductas ilegales dentro de su jurisdicción, en medio del despliegue de estos elementos en aeropuertos de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario subrayó que cualquier persona —incluidos agentes federales— será procesada si viola la ley en la ciudad. En ese sentido, enfatizó que no aceptará presiones políticas para evitar acciones judiciales, incluso si provinieran del Ejecutivo federal.

El posicionamiento surge tras la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el aeropuerto de Filadelfia y en otras terminales del país, como parte de un operativo para reforzar la seguridad aérea ante la escasez de personal en la Administración de Seguridad del Transporte.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, el despliegue —que incluye a cientos de agentes— busca garantizar la seguridad y reducir interrupciones en los vuelos, en un contexto marcado por limitaciones operativas derivadas de disputas presupuestales en el Congreso.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, señaló que los agentes están siendo asignados a aeropuertos con alta demanda, aunque evitó detallar su ubicación por razones de seguridad. Entre las ciudades donde se ha reportado su presencia se encuentran Filadelfia, Atlanta, Nueva York, Houston y Phoenix.

El presidente Donald Trump ha respaldado la medida, indicando que los agentes permanecerán en funciones mientras continúe el cierre parcial del DHS, una situación que ha afectado la operación de agencias clave como la TSA.

El despliegue ocurre en medio de un bloqueo legislativo entre demócratas y republicanos, que ha impedido la aprobación de recursos suficientes para el funcionamiento del DHS. Las diferencias se centran principalmente en las políticas migratorias y el papel de agencias como ICE.

Mientras legisladores demócratas exigen mayores controles en las operaciones migratorias, incluyendo órdenes judiciales y uso obligatorio de cámaras corporales, sectores republicanos respaldan las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.

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