La huelga de hambre emprendida por migrantes detenidos en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, llegó a su fin después de un mes de protestas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que la movilización concluyó no porque se atendieran las demandas de los participantes, sino por el temor a posibles represalias.

De acuerdo con activistas locales, más de 300 inmigrantes participaron en la protesta iniciada el pasado 22 de mayo para exigir mejores condiciones dentro del centro migratorio. Entre sus principales demandas figuraban una atención médica adecuada, acceso constante a agua potable, mejor alimentación y la liberación de personas enfermas y menores de edad.

La organización Eyes on ICE denunció que los detenidos enfrentaron medidas disciplinarias y actos de intimidación por parte de los guardias de seguridad. Según explicó la activista Sally Pillay al medio New Jersey Monitor, varios migrantes optaron por volver a comer y retomar sus actividades laborales ante el riesgo de ser enviados a aislamiento.

Persisten denuncias por presuntos abusos

Aunque la administración de Delaney Hall reanudó las visitas familiares, las organizaciones civiles afirman que continúan diversas restricciones. Actualmente, las visitas solo se permiten dos veces por semana en algunas áreas del centro, con una duración máxima de 30 minutos y únicamente para familiares directos previamente autorizados por la empresa Geo Group, encargada de operar las instalaciones.

Los activistas también señalan que algunos migrantes han sido trasladados a otros centros de detención como parte de los esfuerzos para desactivar la protesta. Además, denuncian obstáculos para que los detenidos puedan reunirse con legisladores que realizan visitas de supervisión.

Las preocupaciones sobre las condiciones en Delaney Hall han escalado al ámbito político. A principios de junio, el estado de Nueva Jersey presentó una demanda para exigir acceso completo a inspectores sanitarios. Asimismo, el alcalde de Newark, Ras Baraka, reiteró sus denuncias sobre posibles abusos psicológicos y falta de atención médica dentro del centro.

Mientras las autoridades mantienen las investigaciones, organizaciones defensoras de migrantes continúan exigiendo transparencia y mejores condiciones para las personas detenidas.

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