El gobierno del presidente Donald Trump ha modificado su estrategia migratoria tras críticas y protestas por las redadas y detenciones masivas. De acuerdo con reportes de prensa, la nueva fase se caracteriza por medidas menos visibles orientadas a restringir el acceso de personas migrantes en situación irregular a empleo, vivienda, educación y salud.

Según información entregada al Congreso la semana pasada, durante 2025 se registró un promedio de 36 mil deportaciones mensuales, mientras que en los primeros meses de este año se reportaron alrededor de 60 mil personas migrantes detenidas, un aumento significativo frente a las aproximadamente 40 mil de 2024, de acuerdo con datos difundidos por Bloomberg y NBC News.

El gobierno sostiene que avanza hacia su meta de expulsar a más de un millón de personas al año, argumentando además que cientos de miles se han “autodeportado”. Sin embargo, la falta de publicación regular de estadísticas oficiales ha dificultado la verificación independiente de estas afirmaciones.

Un análisis de CNN estimó que únicamente 72 mil personas habrían notificado su intención de salir voluntariamente del país bajo este esquema.

Dentro del aparato gubernamental, Stephen Miller ha impulsado medidas para acelerar las deportaciones. Entre ellas, presiones al sistema de tribunales migratorios para agilizar resoluciones y el despido de más de 100 jueces de inmigración, según reportes citados por medios estadounidenses.

Una jueza migratoria citada por The New York Times advirtió que el ambiente actual genera presión constante sobre los magistrados, al señalar que “todos estamos mirando por encima del hombro”, en referencia al clima de vigilancia interna en el sistema.

Cabe recordar que los jueces de inmigración en Estados Unidos dependen del Departamento de Justicia y no del Poder Judicial, lo que permite su remoción administrativa.

Department of Justice también ha sido señalado por impulsar procedimientos más rápidos y estrictos, incluso en casos donde migrantes cuentan con solicitudes legales en curso o documentación parcial.

Además de las detenciones, el gobierno ha promovido políticas administrativas que buscan restringir el acceso a servicios básicos. Según reportes periodísticos, se han impulsado propuestas que podrían negar beneficios de vivienda pública a hogares donde resida хотя sea una persona en situación migratoria irregular, incluso si otros miembros tienen estatus legal. Esta medida podría afectar hasta 80 mil personas, de acuerdo con cálculos del Center for Budget and Policy Priorities.

También se han anunciado restricciones a licencias de conducir para transportistas sin estatus legal y la exclusión de migrantes no ciudadanos de ciertos programas de crédito federal para pequeños negocios.

En paralelo, se han planteado iniciativas estatales que podrían limitar el financiamiento de la educación pública para estudiantes indocumentados, una medida que podría impactar hasta 100 mil estudiantes en Texas, según estimaciones citadas en investigaciones periodísticas.

Un análisis del Cato Institute señala que las restricciones migratorias no solo afectan la migración irregular, sino también la regular, al estimar que se ha reducido significativamente el flujo legal. Un investigador del centro afirmó que, con base en datos disponibles, las entradas legales se estarían frenando incluso más que las irregulares, con una proporción de hasta 2.5 veces más impacto en la migración legal.

En conjunto, estos cambios delinean lo que algunos reportes describen como una etapa “más silenciosa y desestabilizadora” de la política migratoria, enfocada no solo en las deportaciones directas, sino en la reducción progresiva de condiciones de permanencia para población migrante.

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