Lo que debía ser un parto terminó marcando la vida de Yolanda para siempre. A los 17 años, esta joven migrante venezolana fue esterilizada sin su consentimiento informado, en un caso que hoy ha sido reconocido como violencia obstétrica y discriminación estructural por la Corte Constitucional de Ecuador.

Cinco años después, y tras una lucha legal intensa, el Hospital General Universitario de Guayaquil ofreció una disculpa pública por su actuación, admitiendo que el procedimiento fue realizado sin respetar los derechos fundamentales de la paciente. “Deseo que no se repita lo que me pasó a mí”, expresó Yolanda entre lágrimas durante el acto.

El gerente del hospital, Hugo Hernández, reconoció públicamente la negligencia institucional:

“No se proporcionó información sobre los riesgos, beneficios ni alternativas. Se le quitó la posibilidad de decidir sobre su cuerpo”.

Según los documentos judiciales, Yolanda fue sometida a una ligadura de trompas durante una cesárea de emergencia en 2020, tras ser diagnosticada con preeclampsia. Lo grave no fue solo el procedimiento en sí, sino que el consentimiento fue manipulado: le hicieron firmar mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, sin explicarle que la operación sería irreversible.

La Corte Constitucional ecuatoriana calificó el caso como una expresión de violencia estructural: Yolanda fue afectada por su condición de mujer, adolescente, migrante y en situación de pobreza. Además, estaba sola, sin acompañamiento legal ni familiar.

El tribunal ordenó al Estado pagar una indemnización de 15,000 dólares, capacitar al personal médico, actualizar protocolos de atención obstétrica y establecer lineamientos claros para evitar que hechos similares se repitan.

El proceso penal contra los médicos involucrados ya está en curso.

“No fue un error médico, fue una decisión brutal”

Durante la ceremonia, Yolanda relató con entereza:

“Ninguna madre merece ser tratada como me trataron. Todos somos seres humanos, sin importar de dónde venimos”.

Aunque las disculpas no le devolverán la posibilidad de tener hijos, espera que su caso abra el camino para que otras mujeres sean escuchadas y respetadas. “Lo que me pasó no debe repetirse con nadie más”, agregó.

Su abogado, Petrick González, afirmó que impulsará una reforma legal ante la Asamblea Nacional para tipificar la violencia obstétrica como delito en el Código Penal ecuatoriano. “Esto no fue un accidente, fue una decisión que alteró la vida de una persona para siempre”, sentenció.

Este caso desató un debate profundo en Ecuador sobre el consentimiento informado, la autonomía reproductiva y el trato digno a las mujeres, especialmente a quienes pertenecen a grupos vulnerables.

Organizaciones de derechos humanos han respaldado a Yolanda y exigido que el sistema de salud garantice atención ética, respetuosa y sin discriminación para todas las pacientes, sin excepción.

Yolanda, aunque marcada por el dolor, se ha convertido en símbolo de resistencia y lucha por la justicia reproductiva en América Latina.

“Me arrebataron algo que era solo mío: el derecho a decidir”.

Te puede interesar: VIDEO: Hallan ataúd de bebé entre la basura