El presidente municipal de Cihuatlán compareció ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, en calidad de testigo, como parte de la investigación abierta por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, en torno a un concierto en el que presuntamente se incurrió en apología del delito.

La investigación corresponde a la tercera de cuatro carpetas abiertas de oficio por la Vicefiscalía, y se relaciona con un evento realizado el pasado sábado 3 de mayo en una plaza de toros del municipio de Cihuatlán, donde una agrupación musical habría interpretado canciones con referencias a grupos delictivos.

En cumplimiento del citatorio previamente emitido, el alcalde se presentó de forma voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en Calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara, donde rindió su testimonio y entregó documentación relativa a los permisos municipales otorgados para el evento, así como información sobre la inspección previa realizada por el Ayuntamiento.

Por el momento, el contenido de la declaración se mantiene bajo reserva, al formar parte de una indagatoria activa.

Además del caso de Cihuatlán, la Vicefiscalía ha abierto cuatro carpetas de investigación relacionadas con la misma agrupación musical. Las otras tres corresponden a hechos registrados en Zapopan, Villa Purificación y Tequila.

Los presidentes municipales de Cihuatlán y Tequila, quienes ya acudieron a declarar , firmaron un acuerdo de colaboración en el que se comprometieron a fortalecer la vigilancia y regulación de eventos musicales, con el fin de prevenir la difusión de contenidos que puedan constituir apología del delito.

Este caso representa la tercera ocasión en que la Fiscalía de Jalisco actúa contra intérpretes por casos relacionados con apología del delito. En 2016, se inició una investigación tras la difusión de un video musical que simulaba violencia contra una mujer, y en 2018, se procedió contra un rapero implicado en la desaparición de estudiantes de cine.

Las autoridades estatales reiteraron su postura de cero tolerancia ante manifestaciones públicas que exalten o normalicen la actividad criminal, y señalaron que las investigaciones en curso buscan establecer responsabilidades administrativas y legales, tanto de los organizadores como de quienes participan en este tipo de actos.