En sesión plenaria celebrada  presidida por la diputada Claudia Murguía Torres, el Congreso del Estado aprobó la creación de una Comisión Especial temporal que se encargará del estudio y dictaminación de asuntos relacionados con el juicio para la protección de los derechos político-electorales, con énfasis en el municipio de Bolaños.

La comisión será encabezada por el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, con la diputada Verónica Magdalena Jiménez Vázquez como secretaria, y como vocales las y los legisladores Marco Tulio Moya, Aurelio Fonseca Olivares, Edgar Enrique Velázquez González, Brenda Guadalupe Carrera García, Tonantzin Cárdenas Méndez, José Guadalupe Buenrostro Martínez y Leonardo Almaguer Castañeda.

Entre sus atribuciones se encuentra la facultad de convocar a autoridades federales, estatales y municipales a reuniones de trabajo para recabar información que permita atender los temas de su competencia. El órgano legislativo deberá analizar las sentencias vinculadas al juicio político-electoral y elaborar el decreto de declaratoria formal del cambio de régimen de gobierno en Bolaños hacia sistemas normativos internos.

Asimismo, tendrá la responsabilidad de identificar las adecuaciones necesarias al marco legal estatal en materia electoral, municipal e indígena, garantizando que el decreto contemple la inclusión de la población no indígena y la justicia lingüística en lengua wixárika.

En la misma sesión, el Pleno aprobó un dictamen de decreto para dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionada con un incidente de incumplimiento en favor de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán.

La adecuación presupuestal considera la actualización de datos poblacionales y territoriales de la comunidad, que actualmente integra 22 localidades y una población de 2 mil 326 habitantes. Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, se recalcularán las participaciones correspondientes para asegurar una distribución equitativa de los recursos públicos.

Con estas determinaciones, el Congreso busca fortalecer la certeza jurídica, avanzar en la inclusión de los pueblos originarios y garantizar que los recursos públicos se asignen conforme a derecho, sin que las comunidades deban recurrir a litigios para acceder a lo que les corresponde.