En una sesión ordinaria encabezada por el diputado Julio César Hurtado Luna, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una serie de reformas que actualizan los códigos Civil y Urbano, así como las leyes de Desarrollo Económico, Salud y la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios. Los cambios buscan reforzar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, mejorar las condiciones del personal de salud y ordenar el uso del suelo en predios públicos.

En materia civil, las y los legisladores avalaron modificaciones que obligan a garantizar el pago de alimentos caídos y futuros en los juicios de pensión alimenticia. Las sentencias deberán incluir medidas precautorias como hipoteca, prenda, fianza, depósito o descuentos salariales, además de exigir que el deudor informe cualquier cambio laboral y acredite sus ingresos con documentos verificables.

Otra de las reformas aprobadas impulsa la inclusión económica formal de personas cuidadoras que sostienen sus hogares mediante microemprendimientos. El objetivo es facilitar su incorporación al desarrollo económico, reconociendo su labor y generando mejores condiciones para sus actividades productivas.

En el ámbito de salud, el Congreso dio luz verde a ajustes encaminados a fortalecer la estructura operativa de la Secretaría de Salud. Las modificaciones reducen cargas administrativas y buscan que el personal cuente con condiciones laborales y emocionales que mejoren la calidad de atención hacia la población. De acuerdo con la exposición de motivos, se pretende “cuidar a quienes nos cuidan” mediante procesos más ágiles, progresivos y culturalmente adecuados.

En materia urbana, se aprobó que los predios de propiedad pública destinados a equipamiento solo podrán cambiar de uso cuando exista un proyecto definitivo de urbanización que lo justifique plenamente. Este proyecto deberá demostrar beneficios directos para la población, ajustarse al plan parcial de desarrollo urbano y contribuir al fortalecimiento del entorno.

Las reformas entrarán en vigor tras su publicación oficial y forman parte de la agenda legislativa para fortalecer el andamiaje jurídico en rubros clave para el desarrollo social, económico y urbano de Jalisco.