El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco presentó un paquete de acuerdos legislativos orientados a endurecer los filtros de acceso a cargos de elección popular y fortalecer los mecanismos de control institucional, en respuesta a recientes casos que han vinculado a servidores públicos con actividades delictivas. La bancada planteó modificar los criterios de idoneidad y probidad para impedir que perfiles con antecedentes cuestionables lleguen a las boletas electorales.

El coordinador de la fracción naranja, José Luis Tostado, advirtió que la infiltración del crimen organizado representa una amenaza directa a la seguridad del Estado y a la confianza ciudadana, por lo que llamó a cerrar el paso a cualquier intento de captura de gobiernos o decisiones públicas. Sostuvo que la colusión entre funcionarios y delincuencia no puede considerarse un hecho menor, ya que vulnera la soberanía y la vida democrática.

Entre las acciones anunciadas se incluye un exhorto para que el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, señalado por presuntos vínculos delictivos, rinda cuentas ante la ciudadanía, así como la intervención de la Contraloría del Estado y del órgano interno de control del Poder Legislativo para investigar posibles responsabilidades. Además, solicitaron al Congreso de la Unión acelerar reformas en materia de blindaje institucional y homologar la Constitución local para reforzar el combate a la infiltración criminal.

La diputada Mónica Magaña afirmó que la entidad atraviesa una situación delicada y mencionó como ejemplo la detención del alcalde de Tequila por presuntos nexos con el crimen organizado, caso que —dijo— evidencia fallas en la revisión de antecedentes de candidatos. Subrayó que la ciudadanía merece autoridades confiables y libres de intereses ilícitos.

Por su parte, Alejandra Giadans propuso actualizar la legislación federal para que delitos como secuestro y extorsión sean causales de suspensión de derechos político-electorales, mientras que Gabriela Cárdenas advirtió que sin requisitos más estrictos se deteriora la credibilidad institucional. Las legisladoras coincidieron en que la meta es elevar los estándares éticos del servicio público y garantizar transparencia total sobre el historial de quienes aspiren a representar a la población