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Entra en vigor en Jalisco la Ley de “Pantallas Seguras” para proteger a menores en entornos digitales

02/06/2026 - Hace 1 día en Jalisco Estado

Entra en vigor en Jalisco la Ley de “Pantallas Seguras” para proteger a menores en entornos digitales

Local | 02/06/2026 - Hace 1 día
Entra en vigor en Jalisco la Ley de “Pantallas Seguras” para proteger a menores en entornos digitales

 Jalisco se convirtió oficialmente en la primera entidad del país en contar con una legislación específica para la protección de niñas, niños y adolescentes en internet, tras la entrada en vigor de la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales del Estado de Jalisco y sus Municipios, conocida como Ley de “Pantallas Seguras”.

La nueva normativa fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y tiene como propósito establecer mecanismos de protección frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales, redes sociales y contenidos en línea. La legislación fue impulsada por Adriana Medina Ortiz, diputada local de Movimiento Ciudadano, y José Luis Tostado Bastidas, coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de Jalisco, con la participación de especialistas, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y el Sistema DIF Jalisco.

Con esta disposición, las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a desarrollar políticas públicas coordinadas para prevenir afectaciones derivadas de la sobreexposición digital, promover entornos virtuales seguros y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia dentro del ecosistema tecnológico.

Adriana Medina Ortiz, diputada local y promotora de la iniciativa, señaló que la entrada en vigor de la ley representa un avance histórico en la protección de los menores de edad ante los desafíos que plantea el entorno digital actual. La legisladora destacó que la nueva normativa es resultado de un trabajo conjunto entre instituciones, especialistas y diversos sectores de la sociedad que colocaron en el centro de la discusión el bienestar de las infancias.

Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la incorporación de protocolos que restringen el uso de redes sociales por parte de menores de 14 años dentro de los espacios escolares. La legislación también establece obligaciones específicas para los centros educativos, que deberán implementar sistemas de filtrado de contenido, herramientas de control acordes con la edad de los estudiantes y mecanismos de actuación frente a casos de violencia digital.

La ley contempla además la creación de un Consejo Estatal de Protección en Entornos Digitales, organismo de carácter consultivo que será coordinado por el titular del Poder Ejecutivo estatal y tendrá entre sus funciones vigilar, evaluar y proponer acciones relacionadas con la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes.

Otro de los aspectos contemplados en la legislación es la aplicación de sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas. Los establecimientos de servicios y centros educativos que infrinjan la normativa podrán ser sujetos a amonestaciones, suspensiones o multas que van de 10 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta.

Con la publicación oficial del decreto también comenzaron a correr los plazos para su implementación. El Poder Ejecutivo estatal contará con 30 días hábiles para convocar e instalar el nuevo consejo estatal, mientras que los gobiernos municipales tendrán un plazo de 120 días naturales para adecuar sus reglamentos y normativas locales a las disposiciones de la nueva ley.

La legislación busca responder a fenómenos como la exposición temprana a contenidos inapropiados, el ciberacoso, la violencia digital, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y otros riesgos asociados al entorno virtual. Asimismo, pretende fomentar una cultura de corresponsabilidad entre autoridades, escuelas, familias y sociedad para garantizar espacios digitales más seguros para las nuevas generaciones.

Con la entrada en vigor de esta ley, Jalisco se coloca como referente nacional en materia de protección digital de la infancia y adolescencia, estableciendo un marco jurídico pionero que busca equilibrar el acceso a la tecnología con la defensa de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes frente a los retos del siglo XXI.

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