Un total de 96 familias de Amatitán recibieron sus títulos de propiedad como parte del programa de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, acción con la que el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) y en coordinación con el Ayuntamiento, brindó certeza jurídica sobre sus viviendas.

De los documentos entregados, 21 corresponden a beneficiarias de la Política Pública de Regularización y Titulación para Predios Urbanos para Mujeres Jefas de Familia, implementada en mayo de este año para agilizar el acceso de este sector a la propiedad legal de sus inmuebles. Los títulos fueron otorgados a habitantes de los fraccionamientos Pozo Santo 1, La Obrera, La Cantera, San Pedro, Jardines de la Cruz, Lomas de la Cruz y Godoy.

La Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, destacó que la regularización de los predios permite incorporar formalmente el patrimonio familiar a la vida institucional, además de ofrecer mayor seguridad jurídica.

“Reconoce, formaliza e incorpora ese patrimonio a la vida institucional; además, reduce riesgos, evita conflictos y da respaldo a esta bendición que significa tener algo propio”, afirmó.

Por su parte, el Procurador de Desarrollo Urbano, Noé Saúl Ramos García, explicó que una vez concluido el procedimiento de regularización, los propietarios ya cuentan con el documento que acredita legalmente la posesión de sus viviendas.

“Hoy es un gran día porque tienen este título de propiedad que los acredita como dueños. Ya no ocupan escritura ante notario; la Comur ya lo mandó a inscribir ante el Registro Público de la Propiedad”, señaló.

El proceso de regularización inicia con el acompañamiento que brinda la Comisión Municipal de Regularización (Comur) a los solicitantes, mientras que Prodeur evalúa los expedientes y emite el dictamen correspondiente para la inscripción de los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado.

Las autoridades recordaron que este trámite es completamente gratuito y forma parte de una estrategia impulsada desde 2014 para otorgar seguridad patrimonial a las familias jaliscienses. En el caso de la política dirigida a mujeres jefas de familia, desde su puesta en marcha en mayo de 2026 ya se ha brindado certeza jurídica a 131 hogares en el estado.