Luego de los enfrentamientos registrados el pasado sábado en el Centro Histórico de Guadalajara tras la marcha de la “Generación Z”, la Fiscalía de Jalisco confirmó la apertura de carpetas de investigación contra 44 de los 47 detenidos durante los actos vandálicos.

Según la dependencia, entre los 44 implicados hay 35 hombres adultos, 5 mujeres adultas y 4 menores de edad.  Tres de los detenidos ya cuentan con antecedentes penales por delitos como lesiones y agresiones a representantes de la autoridad.

Las investigaciones que ahora lleva a cabo el Ministerio Público tienen un plazo de 48 horas para definir si los detenidos serán judicializados, es decir, si se les imputarán cargos formales. Entre los posibles delitos que se analizarán están lesiones, resistencia de particulares, daños a monumentos y otros actos contra la autoridad.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, algunos de los arrestados no son locales: proceden de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán, lo que ha sido señalado en medios como parte del origen de la movilización que derivó en daños a la infraestructura pública.

Durante la protesta, hubo reportes de 13 lesionados, de los cuales tres fueron trasladados a centros médicos, aunque las autoridades aseguran que ninguno sufrió heridas de gravedad.

En su balance oficial, el Gobierno señaló que a quienes fueron considerados “generadores de violencia” se les aseguraron artículos como botes con gasolina, thinner, barras metálicas, bombas molotov y otros objetos peligrosos.

Por su parte, familiares de algunos detenidos se congregaron frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir su liberación, argumentando que muchos participantes en la manifestación no participaron en los actos vandálicos.

Las calles alrededor de la Fiscalía permanecieron cerradas por un cerco policiaco para evitar que ingresaran personas ajenas.

Contexto de la protesta: la marcha de la Generación Z había comenzado de forma pacífica, con jóvenes, grupos civiles y colectivos reunidos para expresar demandas sociales, pero al concluir derivó en disturbios que causaron daños en edificios como Palacio de Gobierno, el Congreso estatal y estaciones del Tren Ligero.

La Fiscalía enfatiza que las actuaciones se llevan a cabo dentro del marco legal, con el respeto a los derechos humanos, y bajo el escrutinio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que acompañó el traslado de los detenidos