Cada año ingresan a México alrededor de 500 mil armas de fuego de manera ilegal, lo que en la última década suma cerca de cinco millones, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. Así lo dio a conocer el diputado Jesús Valdés Peña, presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo en la Cámara de Diputados, durante el foro “Tráfico de Armas en México: Efectos Sociales y Económicos”, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Valdés Peña subrayó que el tráfico de armas no solo alimenta la violencia, sino que genera efectos económicos severos en el país. “El 70 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. En 2024, el impacto económico de la violencia alcanzó 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8% del PIB nacional”, señaló.

Explicó que estas armas, producidas por ocho armadoras estadounidenses y distribuidas en entre siete y ocho mil puntos de venta, son adquiridas sin mayores requisitos. Algunas incluso llegan con logotipos de grupos criminales. Este flujo ilícito alimenta un mercado que, además de provocar desestabilización social, afecta la economía, el comercio local, así como los sistemas educativo y de salud.

La rectora del CUCEA, Mara Robles Villaseñor, advirtió que la violencia en México no se explica sin la existencia de armas y municiones: “Esa conversación pública parece silenciada en nuestro país, cuando debería preocuparnos a diario”. Por ello, convocaron a legisladores, especialistas y académicos para analizar este fenómeno desde una perspectiva integral.

En la Mesa 1 del foro, el investigador Alexandre Parmant, del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos, explicó que las armas entran a México desde Estados Unidos y son enviadas a países sudamericanos como Panamá, Brasil, Venezuela y Ecuador, donde se intercambian por drogas. También señaló que grupos armados en Colombia adquieren armamento sofisticado, incluidos drones para ataques y espionaje.

Por su parte, la investigadora Aurea Esther Grijalva, del CUCSH, destacó que la disponibilidad de armas facilita la operación del crimen organizado, aumenta la letalidad, reduce las denuncias y fortalece la intimidación. “Incluso sin ser disparadas, su presencia contribuye al éxito de los delitos”, puntualizó.

El doctor Willy Cortez, del CUCEA, abordó el impacto económico y social del contrabando, calculado por la ONU entre 170 y 300 millones de dólares a nivel global. Detalló que en México existe un “tráfico hormiga”, donde las balas se venden en 100 dólares por 50 piezas y un rifle automático puede costar hasta 2 mil dólares.

Los especialistas coincidieron en que el tráfico de armas es un problema estructural que impulsa la violencia, la corrupción y la inseguridad, y que debe colocarse en la agenda pública para frenar sus efectos devastadores.