Un nuevo episodio de tensión política sacudió al municipio de Tequila luego de que el alcalde Diego Rivera intentara clausurar de forma unilateral la planta de Tequila Cuervo, decisión que derivó en la intervención de autoridades estatales y federales ante la falta de sustento legal y el riesgo operativo que implicaba.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que la medida era inviable tanto en términos administrativos como financieros. Señaló que el gobierno municipal buscaba incrementar hasta veinte veces el monto del impuesto predial que la empresa paga, además de cargarle supuestas multas y recargos que sumaban 60 millones de pesos.

Además del conflicto tributario, la maniobra generó alertas de seguridad. Protección Civil del Estado advirtió que detener repentinamente las operaciones de la planta representaba un riesgo para el personal debido al funcionamiento de las calderas utilizadas en el cocimiento del agave, lo que incluso podía derivar en una explosión.

Tras la intervención de los gobiernos estatal y federal, el intento de clausura quedó sin efecto. La planta opera con normalidad y mantiene sus permisos federales vigentes, mientras que el caso abre un nuevo debate sobre el manejo municipal de la industria tequilera y la necesidad de coordinación institucional para evitar decisiones improvisadas.