El alcalde de Tequila, Diego “N”, conocido también como “El Presidente”, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026 en el marco de un operativo federal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura del edil, integrante de Morena y en funciones hasta su detención, se dio como parte de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad que busca desarticular redes de corrupción y extorsión ligadas al crimen organizado en gobiernos municipales. 

Acusaciones y cargos

La FGR acusa a Diego “N” de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, además de integrarse a una estructura criminal que operaba desde el propio Ayuntamiento de Tequila. 

De acuerdo con las investigaciones federales, el alcalde habría participado en el secuestro y tortura de dos precandidatos de su mismo partido en 2021, a quienes presuntamente privó de la libertad para forzarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas.

Además de estos hechos, se le relaciona con esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras, incluidas denuncias contra la tequilera Jose Cuervo, a la que presuntamente exigió pagos a cambio de evitar trabas administrativas, así como posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Detenidos y traslados

Junto con el presidente municipal, Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, fueron trasladados al Cefereso federal número 15 en Villa Comaltitlán, Chiapas, donde quedaron internados bajo prisión preventiva. 

En tanto, otro funcionario municipal, el director de Obras Públicas, Isaac “N”, fue presentado ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Ciudad de México para enfrentar imputaciones similares. 

Audiencia y situación legal

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes 6 de febrero, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para el alcalde, al considerar los delitos que se le imputan y el riesgo para el proceso penal. Su defensa solicitó ampliar el término constitucional para resolver sobre su vinculación a proceso, que será definida el próximo martes.