La diputada Verónica Jiménez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para sancionar penalmente a quienes impartan educación básica sin autorización oficial y con fines de lucro.

Durante una rueda de prensa realizada en el Congreso del Estado de Jalisco, la legisladora explicó que la propuesta busca reformar la Ley de Educación estatal y el Código Penal local, con el objetivo de prevenir el fraude escolar cometido por instituciones privadas que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) emitido por la Secretaría de Educación.

Jiménez Vázquez señaló que en los últimos meses se han detectado al menos 20 escuelas particulares que ofrecen clases sin registro, afectando a estudiantes y padres de familia que descubren, tras años de estudio, que los certificados carecen de validez.

“Queremos que las escuelas estén obligadas a informar por escrito a los padres si cuentan o no con RVOE, y además tipificar como fraude el hecho de ofrecer servicios educativos sin ese reconocimiento”, explicó la diputada.

La propuesta contempla penas de dos a siete años de prisión y multas de entre 425 y 4,525 unidades de medida, dependiendo del número de alumnos afectados.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, respaldó la iniciativa al señalar que ayudará a los padres a identificar qué escuelas tienen validez oficial. Recordó que actualmente existen alrededor de 2,800 instituciones con RVOE en la entidad, mientras que otras operan sin registro, lo que impide la supervisión de la autoridad educativa.

“Muchos padres descubren el problema cuando sus hijos no pueden continuar al siguiente nivel educativo porque sus documentos no son reconocidos”, comentó el funcionario.

La iniciativa plantea:

1.Agregar un párrafo al artículo 145 de la Ley de Educación del Estado para obligar a las escuelas sin RVOE a informar por escrito a los padres o tutores.

2.Añadir la fracción XXVI al artículo 252 del Código Penal del Estado, para sancionar con cárcel a quien imparta educación básica sin autorización oficial y con fines de lucro.