Las personas afectadas por la contaminación en el Río Sonora, causada por el derrame tóxico de Grupo México hace nueve años, están exigiendo que las instituciones cumplan con la remediación ambiental necesaria.
Esta demanda surge después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que la empresa contaminó el río y que el derrame no fue un accidente, sino el resultado de un diseño hidrológico deficiente.
El peritaje ambiental, realizado con base científica y que incluyó el monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos, confirmó la contaminación crónica del suelo, aire y agua en la zona debido tanto al derrame de 2014 como a la actividad minera de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.
Además, se encontró mercurio en niveles excesivos en agua, aire y suelo, y se determinó que el costo total del impacto del derrame tóxico asciende a más de 20 mil 508 millones de pesos.
Los afectados también señalan la sobreexplotación grave de los mantos acuíferos en la zona, atribuible a la extracción extensiva de cobre realizada por la empresa minera.
A pesar de estos hallazgos, preocupa que Semarnat no haya aceptado el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS) de 2014, que vence en 2026, debido a que la remediación ambiental aún no se ha completado.
Las personas afectadas están enfocadas en luchar contra la impunidad y buscan que se tomen acciones concretas para remediar los daños causados.
Esperan que el gobierno actúe en beneficio de las víctimas y no en favor de los intereses de la empresa.
La reapertura del Fideicomiso es un paso importante en esta dirección.
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