El abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, anunció que el próximo 29 de julio se llevará a cabo una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, en Palacio Nacional.
Durante la mañana del 3 de julio, López Obrador se reunió con los abogados y familiares de los estudiantes desaparecidos, para informarles sobre los avances en las investigaciones. Sin embargo, según lo revelado por Rosales, en esa reunión no se proporcionó nueva información, simplemente se reiteró lo que ya se conocía. También se mencionó que algunos restos de presuntos estudiantes habían sido analizados, pero los resultados fueron negativos.
Se espera que en la próxima reunión, programada para finales de julio, Claudia Sheinbaum esté presente y establezca contacto con las madres y padres de los normalistas desaparecidos. Se busca que se les informe sobre el progreso de las investigaciones y que se comprometan a dar seguimiento al caso.
Rosales ve complicado que haya resultados en los últimos meses de la administración de López Obrador, pero se espera que el próximo gobierno continúe con las investigaciones pertinentes.
Sheinbaum retomaría el caso
Las declaraciones de Rosales llegan después de que Claudia Sheinbaum, en marzo pasado y aún como candidata presidencial, afirmara que retomaría el caso si la actual administración no lograra concluir las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Sheinbaum destacó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado significativamente en las investigaciones, logrando detener a personas clave como Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, y desmantelando la “verdad histórica” en torno al caso.
Asimismo, el presidente López Obrador se comprometió a presentar hasta tres nuevos informes sobre el caso antes de que finalice su sexenio en septiembre. A pesar de los avances en la investigación, la verdad y justicia para las familias de los normalistas siguen sin esclarecerse a casi una década de la desaparición.
Según López Obrador, no existen pruebas que incriminen al Ejército y al gobierno anterior en la desaparición, aunque reconoce la posible omisión de algunos soldados que tuvieron conocimiento de la detención de los jóvenes por parte de autoridades locales.
El mandatario federal ha expresado dudas sobre la capacidad de las autoridades locales para cometer el crimen, argumentando que estaban bajo la influencia de grupos criminales. Esta posición ha generado tensiones con las familias de las víctimas, quienes siguen en la búsqueda de verdad y justicia para sus seres queridos.
