El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en prisión preventiva justificada por un año más, luego de que un juez de Pacho Viejo, Coatepec, ampliara la medida cautelar por el delito de desaparición forzada. Esta decisión fue tomada por el juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de ese municipio, en respuesta a la petición realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

El exmandatario priista está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición del expolicía David Lara Cruz, quien formaba parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Según el número procesal 103/2018, el 12 de enero de 2016, Lara fue detenido por sus compañeros sin dejar registro oficial, después de haberse presentado a las pruebas de control de confianza.

Posteriormente, el 17 de enero de 2016, Lara desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en la Barranca de La Aurora, ubicada en la comunidad de La Tinaja del municipio de Emiliano Zapata, tal como se estableció en la carpeta de investigación 169/2016.

La FGE ha revelado que hubo manipulación en la investigación por parte de funcionarios y ha acusado al director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, de haber ordenado a un criminalista que ocultara el descubrimiento de más de 12 cuerpos, incluyendo el de Lara.

Además, la dependencia señala a la titular de la delegación regional de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquín, por haber alterado el informe y haber reducido el número de cuerpos encontrados a seis, excluyendo el del expolicía.

La fiscalía asegura que se dio la orden a un perito en dactiloscopía de no informar sobre los resultados del hallazgo del cuerpo de Lara, trasladándolo a un lugar distinto para evitar su descubrimiento en Santa Ana, perteneciente a Alto Lucero.

Durante su vinculación a proceso, Javier Duarte ha acusado a la fiscalía de presentar en su contra la declaración de Gilberto Aguirre, a pesar de que la misma había sido previamente desestimada por un juez. Además, ha indicado que la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz demostró que esta acusación se obtuvo mediante actos de tortura.

Cabe mencionar que Jorge Winckler, quien se desempeñaba como fiscal y está detenido por los presuntos delitos de privación de la libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada, fue el encargado de liderar la fiscalía que supuestamente torturó a Aguirre.