El Senado de la República aprobó por unanimidad con 86 votos a favor, reformar el artículo 225 Bis del Código Penal Federal para establecer una sanción de hasta 18 años de prisión a quienes que difundan, graben o distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes o niños víctimas de violencia de género.

Los senadores estuvieron de acuerdo en que la pena sea aplique no solo a funcionarios, sino también a medios de comunicación, periodistas independientes, creadores de contenido, y en general a quienes compartan el material.

También se contemplan multas económicas de hasta los 232 mil pesos. La reforma turnada a la Cámara de Diputados con el objetivo de que secunden los cambios en el Código Penal Federal.

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Sánchez Cordero, fue quien presentó la iniciativa. Según indicó, el propósito es seguir una lucha contra la violencia de género. Debido a que la distribución, comercialización, divulgación, publicación e intercambio de imágenes o videos se ha profundizado en delitos como el feminicidio.

“La divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye claramente una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas”, declaró.

Lo anterior significa que si los cambios se aprueban, ningún dato o imagen de las carpetas de investigación o de los procesos penales que vulnere la dignidad de las víctimas deberá de hacerse pública.

Fue en noviembre de 2022 cuando la Comisión de Justicia del Senado aprobó la llamada Ley Ingrid. La iniciativa tiene el objetivo de combatir la violencia mediática. Principalmente para los funcionarios que filtren o difundan imágenes, o información de víctimas de violencia, específicamente de mujeres.

El nombre de esta ley es por el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas en 2020. Debido a que las imágenes del cuerpo mutilado de la víctima fueron divulgadas.

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