Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República han avalado por unanimidad una reforma constitucional que reconoce a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Este avance histórico representa un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de las tradiciones, identidades y derechos de estos grupos en México. El dictamen, que también fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, será discutido en el Pleno del Senado en las próximas sesiones.

Esta reforma al artículo 2 constitucional establece que el Gobierno federal, así como los gobiernos estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México, deben impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar su bienestar y garantizar su participación en la toma de decisiones.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, resaltó el arduo trabajo realizado durante tres años para llegar a este punto. La iniciativa tuvo origen en la propuesta presentada por el pueblo Yaqui al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de septiembre de 2021.

Desde entonces, se ha llevado a cabo un proceso único de trabajo consensuado entre las comunidades indígenas, afromexicanas, los gobiernos y el legislativo, contando con la participación de miles de personas y el respaldo de cientos de miles de firmas recabadas en asambleas comunitarias.

¿Qué implica la reforma?

Entre los principales puntos de la reforma se destaca la garantía de la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, el impulso a su economía y la promoción de la agroecología y los cultivos tradicionales.

Además, se reconoce a las comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, protegiendo su identidad cultural, modos de vida y expresiones espirituales.

La reforma también incluye la participación de estas comunidades en la producción de datos y estadísticas oficiales, así como el derecho a desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional y la partería.

De igual manera, se establece un sistema de becas para las personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo, reconociendo la importancia de la educación en el desarrollo de estas comunidades.

En México, se reconocen 68 pueblos indígenas, y el Censo de Población y Vivienda 2020 identificó a más de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. Ante ello, esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, marcando un hito en la búsqueda de la inclusión y la equidad en nuestro país.

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