La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas para extinguir siete órganos autónomos, con 22 votos a favor y 17 en contra. Legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron alrededor de 75 reservas para su discusión en lo particular.

Avalado por Morena, PVEM y PT, pese a la oposición del PAN, PRI y MC, el dictamen prevé la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). También se prevé la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

De acuerdo con el proyecto de reformas en materia de «simplificación orgánica», las funciones de estos organismos autónomos serán absorbidas por dependencias de la administración pública federal, con el objetivo de eliminar supuestas duplicidades de funciones y optimizar el uso de recursos.

El grupo parlamentario de Morena ha justificado su apoyo a la extinción de estos órganos autónomos argumentando un presunto despilfarro de recursos por parte de las instituciones en cuestión, y defendiendo la simplificación administrativa en consonancia con el principio de austeridad republicana. De acuerdo con el dictamen, el presupuesto asignado a los siete organismos durante el periodo de 2018 a 2024 alcanzó la cifra de 32 mil 313 millones de pesos.

Sin embargo, las bancadas de oposición han criticado la iniciativa, señalando que atenta contra la autonomía del Estado y representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. En particular, el intento de eliminar organismos como el INAI ha sido blanco de fuertes críticas por parte de la oposición.

En el marco de la transición de funciones de los organismos autónomos a la administración pública federal, se prevé que el INAI ceda la tutela del derecho de acceso a la información a la Secretaría de la Función Pública y a órganos de control de los poderes Legislativo y Judicial. Por su parte, la Cofece, el IFT y el Coneval verían sus facultades asumidas por distintas secretarías del gobierno federal.

Las funciones de la CRE y la CNH pasarían a la Secretaría de Energía, mientras las de Mejoredu serían asumidas por la Secretaría de Educación Pública.

Una vez en vigor la legislación correspondiente, los actuales comisionados de los organismos autónomos mencionados cesarán en sus funciones. Esta medida ha generado inquietud entre los titulares de dichos organismos, quienes ven peligrar su labor y la autonomía con la que han operado hasta ahora.

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