Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron una reforma constitucional para que el Senado y la Comisión Permanente ratifiquen nombramientos de grados superiores en la Guardia Nacional.

Con 26 votos a favor y ocho en contra, legisladores avalaron modificar los artículos 76 y 78 constitucionales, fortaleciendo el control parlamentario sobre las fuerzas de seguridad nacionales.

La reforma busca armonizar las facultades del Senado con las fuerzas armadas, garantizando transparencia y rendición de cuentas en los nombramientos realizados por el Ejecutivo Federal, según legisladores de Morena.

Además, el dictamen incorpora lenguaje inclusivo, sustituyendo términos como “Presidente de la República” por “persona titular de la Presidencia de la República” para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Posturas encontradas entre partidos políticos

La senadora Laura Estrada Mauro, de Morena, destacó que la iniciativa fortalece la legitimidad democrática de la Guardia Nacional y la confianza ciudadana hacia sus altos mandos y operaciones.

Por el contrario, el senador Marko Cortés Mendoza, del PAN, criticó la propuesta, llamándola un “parche constitucional”, y reiteró que la Guardia Nacional debe tener un carácter estrictamente civil.

Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, defendió la modificación al asegurar que otorgará certeza constitucional y fortalecerá al Senado como cámara de control y equilibrio político.

Desde el PT, Lizeth Sánchez García celebró la inclusión del lenguaje incluyente, que visibiliza que la Presidencia puede ser ejercida en igualdad de condiciones por mujeres y hombres.

Visión democrática y control civil

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, resaltó que la ratificación de mandos equilibra el carácter militar de la Guardia Nacional con su misión de proximidad social y respeto ciudadano.

El dictamen será discutido en el pleno del Senado en las próximas semanas, donde se necesitará una mayoría calificada para su aprobación final y posterior publicación constitucional.

Con esta reforma, el gobierno busca consolidar un modelo de seguridad con mayores contrapesos democráticos, mientras continúa el debate sobre el carácter civil o militar de la Guardia Nacional.

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