El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Jesús Osiris Leines Medécigo, informó que entre los legisladores locales existe la inquietud de modificar la Ley de Justicia para Adolescentes de la entidad. Esta iniciativa surge como respuesta al reciente asesinato del niño Adriel, quien fue víctima de bullying por parte de sus compañeros.

Acciones legislativas para prevenir futuros sucesos

El coordinador del grupo legislativo del Partido del Trabajo (PT) señaló que es necesario modificar las responsabilidades en homicidios cometidos por menores de edad. Actualmente, la normativa estatal establece que los menores de 12 años no pueden ser acusados de algún ilícito, lo que impide que tanto el director de la escuela primaria Benito Juárez, Rufino ‘N’, y la profesora del grupo, Flor ‘N’, sean imputados como responsables del homicidio del infante.

Varios legisladores locales están trabajando en una iniciativa para establecer acciones específicas que prevengan situaciones similares en el futuro y garanticen el acceso a la justicia en casos de violencia escolar. Cabe resaltar que la indignación entre los familiares de Adriel es palpable, ya que hasta el momento no se han ejercido acciones penales contra los padres de los menores agresores.

Espera de resultados de la investigación penal

El titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, indicó que se esperará a que concluya la investigación penal para determinar si los dos menores que agredieron a Adriel serán separados del grupo escolar. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lleva a cabo las indagatorias pertinentes.

La procuraduría estatal acusó al director y a la profesora de homicidio culposo, solicitando una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, la docente obtuvo un amparo para evitar ser detenida, alegando que no es la responsable de los sucesos ocurridos en la escuela primaria Benito Juárez.

El trágico fallecimiento de Adriel ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en evidencia la necesidad de reformar las leyes y políticas relacionadas con la violencia escolar y la responsabilidad penal de los menores de edad. Es imperativo que se tomen medidas para prevenir futuros casos como este y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes.

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