La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Josué Porfirio “N”, conocido como “El Pilo”, exfuncionario chiapaneco, fue detenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad federales, junto con José Alejandro “N”, por su presunta participación en el delito de tráfico de personas en Chiapas.

La detención se llevó a cabo en colaboración con la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía en el estado.

Según el comunicado emitido por la FGR, los acusados enfrentan cargos por introducción, albergue y transporte de personas con el fin de evadir la revisión migratoria, así como por asociación delictuosa.

La acción legal se desencadenó luego de la denuncia de tres víctimas que proporcionaron información clave sobre los domicilios y hoteles utilizados para cometer los crímenes. En este sentido, se llevaron a cabo operativos en dos inmuebles ubicados en el centro de Tapachula de Córdova y Ordóñez, así como en otros dos en el centro de Puerto Madero.

Josué Porfirio Cárdenas Molina, alias “Pilo”, había formado parte del Ayuntamiento de Tapachula, desempeñando funciones como servidor público.

En seguimiento a líneas de investigación encabezadas por @FGRMexico, el Gabinete de Seguridad @SEDENAmx, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, realizó cateos en domicilios de Chiapas y detuvo a dos hombres con órdenes de aprehensión por tráfico de personas. pic.twitter.com/5p61bo4fai

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 28, 2024

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó a través de su cuenta de Twitter (@Oharfuch) que la detención de “El Pilo” y su cómplice fue resultado de diversas líneas de investigación llevadas a cabo por las autoridades competentes.

La captura de Josué Porfirio “El Pilo” ha generado conmoción en la comunidad chiapaneca, pues se trata de un exfuncionario que había ocupado un cargo de responsabilidad en el gobierno local.

Es importante destacar que el tráfico de personas es un delito grave que vulnera los derechos humanos y pone en riesgo la vida de quienes son víctimas de esta actividad ilegal. Las autoridades reiteran su compromiso de combatir de manera contundente este tipo de delitos, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

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