Las comisiones del Senado de la República han dado un paso importante al aprobar el dictamen de reforma constitucional para ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esta propuesta, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social.

La decisión de las comisiones del Senado se suma a la aprobación que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en la Cámara de Diputados, con 355 votos a favor y 108 en contra. Entre los delitos que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa se encuentran la extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como los delitos graves de contrabando y falsos comprobantes fiscales.

Sin embargo, esta ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa no ha estado exenta de controversia. El senador Ricardo Anaya del PAN ha señalado que se trata de un tema delicado que afecta los derechos humanos.

De hecho, la ONU envió una carta al Senado pidiendo que no se apruebe esta reforma, y la Corte Internacional de Derechos Humanos ha emitido dos sentencias en contra de la prisión automática en el país.

Anaya ha destacado que actualmente hay 40 mil personas en prisión preventiva a las que no se les ha comprobado su culpabilidad. Además, ha señalado que la cárcel automática, que está vigente desde 2008, no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad en el país, ya que las extorsiones y homicidios continúan en aumento.

Por su parte, el senador Saúl Monreal, en representación de Morena, ha defendido la medida argumentando que busca brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Según Monreal, la prisión preventiva oficiosa no es un cheque en blanco para encarcelar a inocentes, sino que es responsabilidad del Ministerio Público demostrar con pruebas la probabilidad de que el acusado haya cometido el delito.

La senadora Claudia Anaya ha alertado sobre el impacto que esta ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa podría tener en los profesionales de la salud y las personas enfermas que utilicen derivados de fentanilo, ya que podrían caer en prisión simplemente por adquirirlos para cuestiones médicas.

La aprobación de esta reforma constitucional para ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa marca un precedente en la legislación mexicana. Ahora será fundamental seguir de cerca su implementación y evaluar sus posibles impactos en los derechos humanos y la seguridad en el país.

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