En una nueva polémica en torno al caso Ayotzinapa, el Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, ha rechazado la búsqueda que se está llevando a cabo en las instalaciones del 27 batallón de infantería, con sede en la misma ciudad.

Los padres consultados por el diario El Universal han afirmado que este grupo de búsqueda estaría conformado por personas que marcharon en su momento por la liberación del exalcalde de Iguala José Luis Abarca.

En un comunicado oficial, señalaron que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, junto con otras autoridades y algunos padres de familia, han iniciado esta búsqueda en el 27 batallón de infantería y manifestaron que es una distracción que tiene el afán de «lavar la cara al ejército» frente a los señalamientos de responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.

«Esa diligencia fue decidida de manera unilateral por el presidente en la reunión que sostuvimos en días recientes. Frente al señalamiento de un testigo que afirma que 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados al 27 batallón de infantería y posteriormente entregados al grupo delictivo guerreros unidos en la colonia de Iguala Guerrero, el presidente dio instrucciones al subsecretario de derechos humanos para que se hiciera una búsqueda», resaltaron.

Los padres de los desaparecidos han señalado que, pese a que ya se realizó una búsqueda en estas instalaciones en el año 2019 con resultados infructuosos, el gobierno insiste en seguir investigando en el mismo lugar.

Asimismo, las familias han denunciado que esta decisión no fue consultada con ellos y que, de hecho, se les impidió expresar su oposición a esta medida. Consideran que buscar en el 27 batallón de infantería es una acción desesperada por parte del gobierno para lavar la imagen de un ejército que históricamente ha tenido vínculos con grupos delictivos, como Guerreros Unidos.

La presencia de un grupo minoritario de familiares en esta búsqueda ha generado mayor división y polémica en torno al caso Ayotzinapa. Las familias consideran que el gobierno está utilizando a estos familiares para legitimar sus acciones y mantener una apariencia de transparencia en el caso, pese a las graves irregularidades y omisiones que han rodeado la investigación desde el principio.

Aún así, las familias exigen justicia y verdad, y reiteran su rechazo a cualquier intento de manipulación por parte del gobierno.

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