El estado de Chihuahua ha marcado un precedente histórico en México al convertirse en la primera entidad en prohibir el uso del lenguaje inclusivo en sus escuelas. El Congreso local aprobó en una tensa sesión, una reforma a la Ley Estatal de Educación que ha polarizado a la clase política, a la comunidad educativa y a los colectivos sociales.

La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente del Partido Acción Nacional (PAN), se sustenta en la necesidad de asegurar el “uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español” en el sistema educativo. La reforma incorpora una nueva fracción al artículo 8º de la ley, obligando a todas las autoridades de planteles de educación básica (públicos y privados con validez oficial) a acatar esta normativa.

La Defensa de la Gramática Frente a la Inclusión

Durante su argumentación, el diputado Olson San Vicente defendió la medida señalando que la educación básica es una etapa “fundamental para preservar la riqueza y unidad” del español. Para el PAN, el idioma no es solo un medio de comunicación, sino un “vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento”.

El grupo parlamentario defendió que “seguir las normas gramaticales y ortográficas nos ayuda a generar una disciplina en todos los rubros”, lo que, aseguran, facilita a los alumnos expresarse “con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita”.

El dictamen citó, además, argumentos académicos, como los de la lingüista Concepción Company Company, quien calificó el lenguaje incluyente como un «distractor de los verdaderos problemas» y un «falso problema», señalando que «solo el 3% de la gramática española depende del sexo del referente». El documento concluye que, por naturaleza, «el lenguaje es inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua».

El Feroz Debate en el Congreso y la Reacción Social

La discusión en el recinto parlamentario se extendió por más de hora y media, evidenciando una profunda división. La bancada de Morena, liderada por el diputado Óscar Avitia Arellanes, intentó en múltiples ocasiones devolver la iniciativa a la Comisión de Educación para un análisis más profundo, argumentando falta de sustento, pero sus mociones fueron rechazadas por mayoría.

Mientras el debate se desarrollaba, los colectivos de derechos humanos y la comunidad LGBT+ alzaron la voz en contra de la reforma. Advirtieron que la exposición de motivos del dictamen podría interpretarse como un discurso de odio que busca legitimar la exclusión. La principal preocupación de estos grupos es que la ley promoverá un entorno hostil para las expresiones de género no binarias, a quienes el lenguaje inclusivo («elle», «todes») busca visibilizar.

La ley entrará en vigor tan pronto como sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, momento a partir del cual el sistema educativo de Chihuahua deberá cesar el uso de cualquier variación no reconocida por la Real Academia Española en el ambiente escolar.