La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para intensificar los esfuerzos en la investigación sobre el hallazgo de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, en Jalisco, y garantizar el castigo a los responsables de estos hechos. A través de un comunicado, la CIDH destacó la necesidad de una investigación exhaustiva y de la identificación adecuada de las víctimas, además de resaltar la labor realizada por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

El hallazgo de los restos, ocurrido en septiembre de 2024, fue inicialmente detectado por un grupo de buscadoras, luego de que el rancho, bajo custodia del Estado, fuera asegurado y se realizaran trabajos con maquinaria y binomios caninos. A pesar de estos esfuerzos oficiales, fue gracias a la persistente labor de los colectivos que se descubrieron las fosas clandestinas. La CIDH señaló que, si bien los colectivos tienen el derecho legítimo de buscar a sus familiares, esto no exime al Estado de su responsabilidad en la investigación y en la búsqueda de los desaparecidos, de acuerdo con las obligaciones en derechos humanos.

Aumento de violencia

La CIDH también destacó la gravedad de los hallazgos en el rancho Izaguirre, que evidencian una degradación de la violencia perpetrada por el crimen organizado. Los objetos encontrados en el lugar, junto con las denuncias sobre reclutamiento forzado, trabajo forzado y desaparición de personas, reflejan un nivel de violencia contrario a la dignidad humana. La Comisión expresó su alarma por el hecho de que un lugar de estas características haya podido operar durante un período prolongado sin intervención de las autoridades mexicanas.

La Comisión exigió que el Estado mexicano investigue estos hechos con la debida diligencia, sancione a los responsables y garantice una reparación adecuada y oportuna para las víctimas y sus familias.

Acciones del Estado Mexicano

El pronunciamiento de la CIDH también destacó las medidas adoptadas por el gobierno mexicano, como las órdenes de aprehensión contra dos personas vinculadas al rancho Izaguirre. A pesar de estos avances, la Comisión reiteró que las familias de las víctimas tienen el derecho fundamental de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos. De igual forma, la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en dicho lugar.

En cuanto al proceso de investigación, la CIDH enfatizó la importancia de aplicar los tipos penales adecuados y de investigar todas las posibles implicaciones de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones. En este contexto, subrayó que es un deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en ciencia y evidencia, para la identificación de los restos humanos hallados. También instó a que cualquier restitución de restos humanos o devolución de objetos encontrados se realice con dignidad y respeto por el dolor de las familias.

Refuerzo en búsqueda e identificación de víctimas

En cuanto a las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la CIDH valoró positivamente el impulso de reformas legislativas y medidas administrativas para fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. Entre estas medidas se encuentran la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, la implementación de una Base Nacional Única de Información Forense y la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana.

Estas medidas también incluyen el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas, como la identificación genética, lo que permitirá una mayor eficiencia en la identificación de víctimas. La CIDH destacó la importancia de garantizar la participación de las víctimas y sus familias en estos procesos y de asegurar que estas acciones se desarrollen de acuerdo con los estándares internacionales.

Reconocimiento a los colectivos de búsqueda

La CIDH no solo hizo un llamado al Estado mexicano, sino que también reconoció y expresó su solidaridad con los colectivos y familiares de personas desaparecidas en México, quienes llevan a cabo una labor esencial en la búsqueda de sus seres queridos. A pesar de las dificultades y los riesgos que enfrentan, estos colectivos siguen adelante con su trabajo, a menudo en condiciones de vulnerabilidad y sin el respaldo adecuado de las autoridades.

La Comisión también enfatizó que es crucial que el Estado garantice la seguridad y libertad de los defensores de derechos humanos, así como el respeto a su trabajo. Además, subrayó la importancia de que las autoridades reconozcan públicamente el valioso trabajo realizado por los colectivos de búsqueda y se evite la revictimización de las personas involucradas.

Desaparición forzada en México

La CIDH ha estado monitoreando la situación de la desaparición masiva de personas en México durante más de 25 años. En este sentido, la Comisión expresó su preocupación por el contexto de desapariciones forzadas y subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en México para abordar este problema, así como de garantizar que las víctimas y sus familias sean parte integral del proceso.

A través de este llamado, la CIDH reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en México y en la región, al tiempo que instó al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para esclarecer los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, identificar a las víctimas y garantizar que se haga justicia.

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