El Congreso del estado de Chiapas aprobó esta semana la Ley de Voluntad Anticipada, una legislación que otorga a las personas con enfermedades terminales o incurables el derecho a decidir sobre la continuidad de tratamientos médicos que prolonguen artificialmente su vida.

La iniciativa, promovida por la diputada Getsemaní Moreno Martínez, tiene como objetivo central garantizar el respeto a la dignidad y autonomía de los pacientes, permitiéndoles rechazar procedimientos que no mejoran su condición y que solo alargan el proceso de muerte. La legisladora puntualizó que esta medida no representa una forma de eutanasia, sino un reconocimiento al proceso natural de la muerte, respaldado por cuidados paliativos y acompañamiento médico y emocional.

El mecanismo contempla que cualquier persona mayor de edad con capacidad jurídica pueda expresar su voluntad anticipada por escrito ante un notario público, con firma personal y la de dos testigos. El documento deberá ser notificado a la Secretaría de Salud en un plazo de tres días hábiles y podrá incluir la designación de un representante legal, así como la opción de donar órganos.

En casos de hospitalización, el documento deberá ser certificado por el médico tratante. Si el paciente es menor de edad o no tiene capacidad legal, la solicitud podrá ser presentada por padres, tutores u otros familiares cercanos, según un orden jerárquico establecido por la ley, y siempre con respaldo de un diagnóstico clínico emitido por una institución de salud.

Como parte de la implementación, se creará el Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, bajo responsabilidad de la Secretaría de Salud de Chiapas. Esta instancia será la encargada de resguardar los documentos y dar seguimiento a su cumplimiento.

La diputada Moreno Martínez subrayó que este derecho es plenamente reversible y que el otorgante podrá anular su voluntad anticipada en cualquier momento. «Con esta ley, se reconoce la capacidad del individuo para tomar decisiones informadas sobre su salud en la etapa final de la vida», expresó.

La aprobación posiciona a Chiapas entre las entidades del país que avanzan en el reconocimiento legal de los derechos de los pacientes en situaciones críticas, una demanda creciente en el ámbito bioético y de los derechos humanos.

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