Miami.- El gobierno de México obtuvo un triunfo en una corte de Apelaciones de Miami al ser favorecido en la demanda civil contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, por presunto lavado de fondos robados.

En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano presentó una demanda en los tribunales del condado de Miami-Dade acusando a García Luna de liderar una red compleja de lavado de aproximadamente 700 millones de dólares en fondos presuntamente «robados».

La demanda también involucra a la esposa de García Luna, Linda Pereyra, y a la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López. Sin embargo, los Weinberg y otros implicados presentaron una apelación argumentando que el caso debía ser juzgado en Miami.

Corte de apelaciones resuelve a favor de México

Tanto un juez en Miami como la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida han dictaminado a favor del gobierno mexicano, lo que significa que el proceso legal puede seguir adelante y eventualmente llegar a juicio.

Es importante destacar que esta demanda civil es independiente del juicio penal en el cual García Luna fue declarado culpable en febrero pasado.

Cabe mencionar que García Luna, arrestado en Dallas, Texas, en 2019, enfrenta cargos por cinco delitos, incluyendo cuatro relacionados con tráfico de drogas y uno por proporcionar información falsa a las autoridades migratorias.

García Luna es acusado de robar fondos del gobierno de México

La demanda alega que García Luna lideró una conspiración para sustraer fondos del gobierno mexicano mediante contratos ilícitos y posteriormente blanqueó esos fondos en Estados Unidos y otros destinos, con la colaboración de sus asociados, quienes se dedicaban principalmente a adquirir propiedades y artículos de lujo en Florida.

Durante su período como secretario de Seguridad y aún después de dejar el cargo, García Luna se benefició de una red extensa de socios, a través de la cual obtuvo contratos por cientos de millones de dólares de diversas entidades y agencias del gobierno mexicano, según se detalla en la demanda.

En la demanda se establece que la cantidad a recuperar es de al menos 250 millones de dólares, según una escala determinada por la justicia, aunque desde el gobierno mexicano se ha afirmado que la cifra asciende a 700 millones de dólares.

Con información de El Universal.

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