Después de más de 48 horas de incertidumbre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca finalmente liberó a cuatro activistas detenidos durante una marcha contra la gentrificación.
La falta de información oficial sobre los cargos y el estado legal de los detenidos generó preocupación en la comunidad durante ese tiempo.
La liberación de los activistas se produjo luego de una movilización en redes sociales y una intensa presión de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.
Estos grupos exigieron la inmediata liberación de los manifestantes y criticaron las detenciones como arbitrarias.
El gobierno de Oaxaca ha enfrentado críticas por su manejo de la situación, especialmente por las justificaciones dadas para las detenciones, que algunos consideraron como intentos de criminalizar la protesta legítima.
La liberación de los activistas fue recibida con alivio y celebración por parte de aquellos que defendían su derecho a manifestarse.
La situación resalta la importancia del activismo y la solidaridad comunitaria en la protección de los derechos civiles y la libertad de expresión.
Aunque los activistas han sido liberados, el incidente ha generado un debate sobre el manejo gubernamental de las protestas y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
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