La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, solicitó de manera reiterada un nuevo juicio ante el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. La petición se fundamenta en la creencia de que García Luna fue víctima de persecución política y que su proceso no fue imparcial.

 Argumentos de la defensa de García Luna

El abogado de García Luna, César de Castro, argumentó que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos limitaron injustamente a su cliente, acusándolo falsamente de intentar manipular a testigos ofreciéndoles grandes sumas de dinero para demostrar su inocencia. De Castro presentó un expediente de 86 páginas ante el juez Cogan, detallando estas acusaciones y solicitando un nuevo juicio para su cliente.

Por su parte, los fiscales del Departamento de Justicia pidieron oficialmente a Cogan que rechace la solicitud de un nuevo juicio, argumentando que durante el proceso anterior, que concluyó a principios de 2023, la defensa no pudo refutar las evidencias presentadas en su contra. García Luna resultó declarado culpable por unanimidad de varios cargos de narcotráfico.

Audiencia de sentencia y posibles condenas

Los fiscales también acusaron a García Luna de intentar comprar el testimonio de un compañero de celda después de su condena, lo que la defensa ha negado. De acuerdo con De Castro, no existe evidencia de que su cliente haya ofrecido incentivos para obtener un testimonio favorable.

El juez Cogan ha programado la audiencia de sentencia para García Luna el próximo 24 de junio. Dado que fue declarado culpable por unanimidad, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua o una condena mínima de 20 años de prisión.

Hasta el momento, los fiscales del Departamento de Justicia ofrecieron a García Luna la posibilidad de convertirse en testigo cooperante para reducir su condena. Esto implicaría denunciar y testificar en contra de quienes colaboraron con él, incluidos funcionarios de los gobiernos de Calderón y Vicente Fox, en actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos.

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