Una juez federal desechó el juicio de amparo promovido por Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, contra la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal por la presunta tortura de la que asegura haber sido víctima. La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, Paloma Xiomara González, tomó esta decisión sin hacer públicas las razones del fallo.

La defensa legal de Mario Aburto Martínez presentó la demanda de amparo el pasado 15 de marzo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal. Entre los actos que reclamaron se encuentra la ‘consulta de determinación del no ejercicio de la acción penal’ por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Determinación de la FGR y respuesta de Aburto

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a la juez Xiomara González a finales de febrero que no encontró elementos que evidenciaran actos de tortura cometidos contra Mario Aburto tras su arresto. La fiscalía valoró que Aburto no fue víctima de tortura durante su detención y traslado a la Ciudad de México, luego de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.

Desde el 28 de noviembre de 2023, los fiscales notificaron a Aburto Martínez sobre la consulta presentada por la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura, concluyendo que no estaba acreditado que hubiera sido torturado.

Denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Cabe destacar que Mario Aburto llevó su denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde acusó haber recibido amenazas para hacerse pasar como el homicida de Luis Donaldo Colosio. Esta denuncia sugiere un trasfondo complejo en el caso que aún requiere mayor claridad y análisis.

Finalmente, el desecho del juicio de amparo representa un revés para Mario Aburto en su búsqueda de justicia por presunta tortura. Asimismo, la decisión de la juez federal resalta la importancia de un análisis cuidadoso de las pruebas y testimonios presentados, así como la necesidad de abordar adecuadamente las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

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